Grup de Defensa de la Sanitat Pública

(15mBCN – Salut)

#ApartheidSanitario El decreto de Reforma Sanitaria. Golpe de Estado a la Ciudadanía

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Artículo original Publicado en http://masala.cat

Este artículo es una breve reflexión sobre uno de los atentados más importantes que ha sufrido la llamada democracia española y que, de facto, es un golpe de estado a la ciudadanía. El texto es un esbozo que describe el asesinato con nocturnidad y alevosía del ejercicio del derecho a la salud en España y Catalunya. El actual gobierno del PP que ha aprobado el Real decreto ley 16/2012 ha violado los derechos humanos pero también ha agredido a las bases democráticas de este Estado al cambiar, por decretazo, normas básicas garantizadas constitucionalmente.

En el BOE de 24 de abril de 2012 se publicó el Real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para —¡qué sarcasmo!— garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones. Éste es el nombre oficial de una ley que, en realidad, destruye el sistema de salud público universal español. El Decreto 16/2012 restringe el acceso a este derecho, regula un cambio de concepción del sistema de salud —creando las figuras administrativas de «asegurado» y «beneficiario»— y destruye su carácter universal, uno de los logros de la democracia y sobre todo del pueblo.

Dejando de lado las consideraciones sobre el concepto —un tanto burgués— de «ciudadanía», hasta ahora el Estado mantenía ciertas estructuras que permitían un espejismo de igualdad y equidadante un hecho tan trascendental como que esa ciudadanía pudiera acceder al sistema sanitario público con garantías iguales para todos. Sin embargo el Decreto 16/2012 ha fusilado dicho espejismo, recuperando la idea de un mundo repleto de privilegios, refrendados, además, por ley.

Esta medida lesiona claramente el estado de bienestar. Pero el gobierno la justifica aduciendo que el sistema sanitario no es viable por el gasto que supone su utilización. Con este decreto, afirma, intentará frenar el «uso abusivo del sistema sanitario», argumentando que hay muchas personas que no contribuyen a su sostenibilidad y que, por tanto, no podrán acceder libre y gratuitamente a sus servicios. Esta idea populista de que quien paga puede acceder y quien no, no puede, corrompe la noción de ciudadanía universal, convirtiéndonos en «clientes» del Estado y sus instituciones. Ésas que fueron creadas para garantizar, justamente, esos derechos (sanidad pública y educación).

Curiosa paradoja de consecuencias dramáticas: España está a la cola de la Unión Europea respecto a gasto sanitario pero en los primeros puestos del ránking de corrupción vinculada al dinero que mueve la sanidad (para muestra un Cafè amb llet). El Decreto consigue cambiar el foco del problema, cuando en realidad el gasto y el desgaste del sistema no se producen por la utilización de éste, sino por la mercantilización pseudoprivatizadora y la mala gestión de los servicios.

Apartheid sanitario: una frontera interior legitimada jurídicamente

El decreto establece un apartheid sanitario sin precedentes en la historia de este país. No olvidemos que el apartheid es una segregación y está considerada como crimen de lesa humanidad. Este Decreto gubernamental expulsa del derecho a la salud a las personas inmigrantes, administrativamente irregulares y sin ingresos y lo hace con muros simbólicos y administrativos muchos más eficaces que los que se sitúan en las fronteras. La vieja consigna de «si nos tocan a una nos tocan a todas» está hoy, sin duda, más vigente y llena de sentido que nunca.

Este decreto expone a las personas «inmigrantes sin papeles y sin recursos» a la posibilidad de morirse bajo la mirada impune de la leyes y la mirada cómplice de quien no desobedece la ley ni se moviliza contra ella. Y es que cuando el capitalismo necesita aumentar ganancias no sólo trata a las personas como mano de obra barata sino que, además, les arrebata sus garantías jurídicas.

La exclusión y segregación que alimenta este decreto no sólo es clasista y racista sino que también es patriarcal porque aumenta las desigualdades de género. Las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico no remunerado vuelven a convertirse en «beneficiarias», ya que acceden a la asistencia gracias a la figura de un cónyuge trabajador… como durante el franquismo, cuando las mujeres que trabajaban en su casa realizando tareas domésticas —precarias e invisibles administrativamente hablando— «dependíamos de nuestro padre o marido» para acceder a la Seguridad Social.

Por último, el Decreto se carga la equidad territorial tan cacareada por la derecha española porque abre las puertas a la interpretación de la ley por parte de las Comunidades Autónomas. Y como siempre #cataloniaisdiferent. El actual Govern estableció una serie de medidas para endulzar, con matices, el Decreto. Pero este dulce maquillaje populista puede tornarse veneno después del 25N. Sea como sea, en Catalunya tenemos hasta el 31 de marzo de 2013 para «regularizar» nuestro acceso a la tarjeta sanitaria, pero ojo: debemos estar empadronados desde hace tres meses, como mínimo.

Es evidente que el Decreto cuestiona muchas cosas: cómo entendemos los derechos; cómo pensamos que deben ser garantizados; qué modelo de sociedad queremos y qué estamos dispuestas a hacer para conseguirlo. Mientras tanto nos queda seguir luchando contra el apartheid sanitario que se ha instalado no sólo en los hospitales sino en la manera global de entender el derecho a la salud.

[Para más información llama al 061 o dirígete al CAP más cercano.]

Impuesto a la enfermedad

El Real Decreto 16/2012 inicia el desmantelamiento de la Sanidad Pública gratuita y universal tal como se puso en marcha en 1986 en el Estado español y se reemplaza por un modelo que significa un avance hacia formas de privatización. En cuanto a medicamentos recetados, eleva los porcentajes de los copagos y, por vez primera, dispone formas de copago para jubilados y pensionistas, sector que en muchos casos recibe retribuciones inferiores a los 600 euros mensuales. A ello, la Generalitat catalana ha añadido un «repago» que, a modo de «impuesto a la enfermedad», cobra un euro por cada medicamento adquirido con receta a todos los usuarios del sistema sanitario.

Fuente: Servicio de Prensa Alternativa (SERPAL)

Si eres inmigrante «sin papeles y sin recursos» pero ya tenías Tarjeta Sanitaria (TSI) puedes:

1. Ir al CAP para preguntar si siguen asegurados o son beneficiarios

2. Llevar un certificado de empadronamiento (con fecha de emisión inferior a tres meses)

3. Solicitar la nueva tarjeta

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Autor: 15mbcnSalut

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